Celsa Monrós: “Para que la futura ley climática valenciana funcione tiene que ser aceptada tanto por la ciudadanía como por el sector económico.”

Celsa Monrós es, desde agosto de 2019, la directora general de Cambio Climático de la Generalitat Valenciana, cuando fue llamada por el gobierno autonómico desde el puesto que ocupaba en EIT Climate-KIC como responsable de educación en la delegación española. Hasta la fecha Monrós ha declarado la emergencia climática en la comunidad autónoma y, en el marco de acción climática de la UE y el Estado Español, ha presentado el borrador del nuevo instrumento normativo sobre Cambio Climático y Transición Ecológica, que será la hoja de ruta para alcanzar la neutralidad carbónica en 2050, e incrementar la resiliencia en el territorio valenciano ante los impactos del cambio climático. Tras casi un año en el cargo, hablamos con ella.

¿Cómo viviste el nombramiento como directora general de Cambio Climático cuando eras responsable de educación en España de EIT Climate-KIC?

Fue un momento muy emocionante. Siempre te planteas qué tendría que hacer la administración y el gobierno para cambiar las cosas, y de repente me estaban dando a mí la oportunidad de hacerlo. Es una mezcla de sentir mi trabajo reconocido y de responsabilidad enorme al ponerme al frente de semejante reto, con la trascendencia que las decisiones que tomemos ahora tendrán en las próximas décadas.

¿Y cuál fue el mayor reto que tuviste que afrontar?

Es un departamento completamente nuevo, por lo que faltaba estructura, personal y heredaba un presupuesto diseñado desde otro departamento. Al llegar me he encontrado con grandes profesionales y con una conselleria que cree en lo que hacemos, pero faltan medios y eso puede llevar a cierta frustración por querer ir más deprisa y más lejos.

¿En qué ha contribuido tu experiencia en EIT Climate-KIC a la nueva ley y al trabajo en tu nueva responsabilidad pública?

De EIT Climate-KIC me llevo muchas cosas. El trabajo de participación en las diferentes mesas sectoriales, la creación de redes, trabajar con nuevas herramientas digitales o la planificación de pensar hacia dónde quieres ir, cuál es tu objetivo final y cómo llegar a él. EIT Climate-KIC me ha permitido llevar la innovación a la forma de trabajar en la Conselleria. Cómo involucrar a los diferentes actores de muy diferentes sectores ha sido primordial para alcanzar un texto consensuado. Y cómo hacerlo desde una perspectiva sistémica y holística teniendo en cuenta todo el sistema.

El pasado mes de mayo el gobierno valenciano presentó el borrador de la Ley Valenciana de Cambio Climático y Transición ecológica ¿Cómo ha sido el proceso de gestación de la futura norma climática?

Presentamos un borrador de ley ante los distintos sectores para tener su valoración. Para ello, creamos 6 mesas sectoriales que han sido virtuales por la Covid-19. Había una mesa de movilidad, otra de recursos naturales y biodiversidad, de vivienda y urbanismo, una cuarta de energía, otra de procesos productivos y fiscalidad y una última de educación ambiental.  La ley tiene más de 100 artículos. El proyecto de ley español tiene 36. Es una ley súper amplia y transversal, que marca las líneas generales, y establece qué instrumentos se van a desarrollar para conseguir los objetivos que se marcan en la ley.

En las leyes de otras autonomías no se ponen objetivos específicos. Nosotros sí hemos creído que había que ponerlos. Y lo que hay que hacer ahora es establecer el PVIEC, el Plan Valenciano Integral de Energía y Clima, que será la hoja de ruta que asignará los presupuestos de carbono a los distintos sectores y a los distintos niveles de gobernanza sobre cuánto están emitiendo, cuánto tienen que disminuir y cómo tienen que hacerlo. Nos dirigimos a los sectores productivos, a las entidades locales y a las distintas direcciones generales competentes en estas materias.

¿Quién ha participado en esas mesas sectoriales?

Han participado una media de 50 personas. Hemos invitado al CAPMA, el Consejo Asesor de Políticas de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana. Y ahí tenemos a sindicatos, a agricultores, a organizaciones empresariales, grupos ecologistas, a las universidades y a diferentes sectores. Y hemos invitado también a la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático que es donde están todas las Direcciones Generales de la Generalitat que tienen competencias en temas vinculados a la mitigación, adaptación y concienciación sobre el cambio climático. Además, también han participado cátedras de las universidades y expertos que hemos identificado y que han mostrado su interés en participar.

¿Y cómo ha sido la respuesta de los diferentes sectores ante la norma?

Todo el mundo tiene muy claro que es el momento, que esta ley era necesaria. Que además estamos en un contexto político, social y de emergencia climática en el que hace falta establecer un instrumento normativo que vaya marcando la hoja de ruta. En lo que sí que puede haber diferencias es en la intensidad de las medidas, en qué tipo de medidas o en cómo aplicarlas.

¿Y finalmente cómo se ha planteado la ley?

Lo que teníamos muy claro era saber cuáles son las emisiones en el territorio valenciano. Quién emite, cómo está emitiendo y por qué. Y a partir de ahí ver la capacidad de mitigación y de eficiencia que tiene cada sector. Y acompañarlos en el proceso. Saber qué y cómo se tendría que hacer.

La ley marca ciertas obligaciones sobre los municipios y sobre los sectores productivos, en materias como la energía, la ordenación del territorio, o en cuestión de permisos de, por ejemplo, el establecimiento de plantas fotovoltaicas, donde hay una parte de depende de la Generalitat y esa es la parte que podemos legislar. Luego habrá otra que dependerá del estado.

¿Qué objetivos se marca la nueva ley valenciana de Cambio Climático?

Desde la Generalitat Valenciana tenemos muy claro que hay que reducir las emisiones. Nosotros nos hemos propuesto disminuir las emisiones para ser neutros en 2050 y un objetivo intermedio en 2030 de disminuir las emisiones respecto de 1990 al 40% de las que había entonces. En estos momentos hemos aumentado un 45% de las había en 1990. O sea, vamos completamente en el sentido opuesto.

A partir de ahí hemos identificado que la penetración de las energías renovables en el territorio valenciano es muy poco significativa y hemos identificado también cuales son las barreras por las cuales no se están implantando.  Esas barreras se deben a un problema de lentitud de las tramitaciones o una falta de clarificación en los criterios por los cuales se otorgan licencias en unos sitios y en otros no, lo cuál genera inseguridad administrativa que no invita a hacer inversiones en nuestro territorio.

Por otra parte, tampoco se ha potenciado de manera importante y vinculante la instalación de plantas fotovoltaicas, por ejemplo, en terrenos que ya tienen un uso, como pueden ser cubiertas de edificios o de aparcamientos. En este sentido, lo que hemos querido hacer es legislar para que el suelo, que ya está utilizado, sirva para ubicar instalaciones fotovoltaicas, porque creemos que la energía se tiene que producir cerca de donde se consume y utilizar el menor suelo nuevo posible. Que éste ya tenga otros usos.

La ley también tiene la ambición de facilitar, de crear un plan director de energías renovables con un mapa que muestre claramente una zonificación sobre dónde no se puede, bajo ningún concepto, establecer grandes instalaciones fotovoltaicas y dónde se puede establecer bajo ciertas condiciones. Y en las zonas en las que sí, marcar qué características tendrían que tener estas instalaciones.

La ley pretende ir eliminando los trámites o las barreras que creemos que no tienen justificación y que de alguna manera están paralizando la instalación de energías renovables en nuestro territorio.  Siempre teniendo en cuenta la protección del territorio con alto valor ecológico y teniendo en cuenta la democratización de la energía. Para nosotros un punto importante era el apoyo de las comunidades energéticas locales, del autoconsumo compartido y de la posible participación de la población local en las instalaciones que se realicen por ejemplo en municipios rurales. Que tengan la posibilidad de invertir hasta 20 por ciento de las inversiones que se hagan en su territorio y que puedan decidir sobre cómo se hacen. Y eso también está en la ley, la democratización de la energía tanto como consumidor, como productor. Y que ésta sea renovable.

¿Cómo ven las grandes compañías energéticas esa democratización?

Todo el mundo está viendo la necesidad y la oportunidad y yo creo que incluso las grandes compañías eléctricas, que hasta hace nada se dedicaban a la comercialización de combustibles fósiles, están haciendo un viraje completo hacia las nuevas energías renovables. Que además ellos tienen una tecnología y es un sector bastante maduro como para no importarles dejar los combustibles fósiles atrás. Ese momento ha llegado. En lo que puede haber suspicacias es en la democratización de esa energía.  Ellos han tenido un oligopolio que en estos momentos estamos queriendo abrir a toda la sociedad. Y a unos precios que obligatoriamente van a bajar, porque el precio de la fotovoltaica, por ejemplo, ha bajado un 95% en 10 años.

Es difícil contentar a todos. El sector empresarial estaba más a favor de que no hubiera impuestos y apostar más por bonificaciones y exenciones. Finalmente hemos planteamos 4 impuestos. Los grupos ecologistas nos plantearon una batería de 20 impuestos nuevos. Creo que nos hemos situado un poco en el medio. Además, en un contexto de mestizaje dentro del Gobierno, con muchas sensibilidades, hay que llegar a acuerdos de compromiso. Para que esta ley funcione, tiene que ser aceptada tanto por la ciudadanía como por el sector económico. Ahora sólo nos queda terminar de pulir los diferentes enfoques.

¿Cómo contribuirá la nueva norma al desarrollo económico del territorio?

El sector de las renovables no ha notado la crisis de la Covid-19. Con la aprobación de la ley habrá demanda de profesionales con capacidades técnicas muy específicas. La FP será muy necesaria en estos momentos para toda una serie de nuevos requerimientos que tienen las empresas. Hablamos, por ejemplo, de movilidad urbana sostenible. Todos los municipios deberán tener su plan movilidad urbana sostenible. Nos planteamos temas como la distribución de última milla, el servicio de paquetería que se debería realizar con nuevos tipos de vehículos, una nueva logística de vehículos ligeros no contaminantes. Todo eso puede crear un nuevo sector.

En estos momentos hay una demanda de bicicletas que el mercado no es capaz de absorber en la ciudad de Valencia. Y está habiendo cambios. Valencia por ejemplo, cuenta con dos comunidades energéticas locales donde los vecinos están participando por primera vez en la producción energética junto al Ayuntamiento y a otros sectores.

Algunos municipios nos han plateado problemas de cesión en referencia a la instalación de fotovoltaicas en cubiertas de edificios municipales o de polideportivos para las cooperativas energéticas locales. Pues dentro de la ley damos seguridad jurídica para que esto se pueda hacer, para poder ceder las cubiertas de los edificios de las instituciones. Todo eso va a llevar a cambios necesarios en la forma de movernos, en la forma de consumir.

¿Qué otras legislaciones han servido de referencia a la hora de elaborar la ley?

Para la preparación de la norma hemos tenido muy claro cuáles eran los que compromisos de la Unión Europea. Hemos estudiado el proyecto de ley estatal. Ahí por ejemplo se decía que todas las autonomías deberían contar con un plan de energía y clima. Y nosotros lo hemos recogido como uno de los instrumentos fundamentales de la ley para ayudarnos a cumplir con los objetivos. Y luego la hemos comparado con otras de normativas autonómicas españolas.

También hemos cotejado otras normativas de regiones europeas. De éstas hemos revisado sobre todo el aspecto impositivo. Por ejemplo, la movilidad supone el 44% de las emisiones difusas y creíamos que había que gravarla para producir un cambio de comportamiento. Pero no teníamos claro qué tipo de impuesto podía ser el más interesante.

¿Y cuáles serán esos impuestos?

Los impuestos que planteamos son cuatro: uno sobre los vehículos a motor en función de las emisiones y sobre matriculaciones a partir de 2023, otro sobre los parkings de los centros comerciales fuera de las áreas de concentración urbana, que pagarán por número de plazas, un tercero sobre las emisiones de los busques durante el atraque y maniobra en los puertos de titularidad autonómica y un cuarto sobre las emisiones de CO2 en industrias contaminantes. 

¿Qué otras normativas se contemplan a medio plazo?

Hay un plan nacional de economía circular que está a punto de aprobarse y una futura ley economía circular valenciana. Y además tenemos un plan integral de residuos de la comunidad valenciana que se aprobó hace dos años, que es bastante potente. Y se está trabajando también en una normativa para la gestión de los residuos procedentes de la construcción.

Además habrá que desarrollar todo el marco reglamentario de la ley: Plan Valenciano Integral de Energía y Clima, Plan Director de Energías renovables, Estrategia de Transición Justa,…